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Sánchez anuncia los indultos por 'utilidad pública' y provoca un muy tenso debate político y judicial

El presidente asegura que los indultos abren un tiempo de 'concordia' en Cataluña mientras se deteriora la imagen de la Justicia española en la UE

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha confirmado que el Consejo de Ministros ha aprobado los nueve decretos de los indultos de las penas de prisión de los nueve golpistas catalanes que aún permanecen en prisión y que este miércoles a partir de las 12 de la mañana serán puestos en libertad tras la firma de los decretos por el Rey Felipe VI y su tramitación en el Tribunal Supremo.

Indultos que benefician de la libertad y del fin de la cárcel pero no de las condenas de inhabilitación a los presos Junqueras, Forcadell, Rull, Romeva, Cuixart, Sánchez, Turull, Forn y Bassa. Lo que en su conjunto le garantiza al presidente Sánchez su permanencia en el Gobierno de coalición hasta el final de la legislatura, con el apoyo de ERC, PNV y Bildu, además de PSOE y UP.

El presidente Sánchez ha justificado los indultos como una decisión de 'utilidad pública' e importante primer paso para la 'convivencia y concordia' en Cataluña y en el conjunto de España. Afirmando Sánchez que su decisión permite el inicio de una nueva etapa de la política española.

'Hay camino y es el tiempo de la política', ha dicho Sánchez en una breve declaración institucional sin preguntas de los periodistas, al anunciar una de las decisiones del Gobierno de España más importantes desde el inicio de la legislatura cuyas consecuencias políticas en Cataluña y España aún están por ver.

Decisión que, por otra parte, abre un muy tenso debate nacional entre el Gobierno y la Oposición que lidera Pablo Casado desde el PP, tal y como también se abrirá un espacio de alta tensión entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Especialmente en el Tribunal Supremo, que entiende que estos indultos alteran la sentencia dictada contra los golpistas.

Y un Tribunal Supremo a cuya Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo van a llegar los recursos contra los indultos de PP y Vox, que veremos si se admiten a trámite y si finalmente consiguen el objetivo de que dicha Sala del TS anule los indultos por su 'arbitrariedad' y por 'desviación de poder del Presidente Sánchez. Un Tribunal Supremo y una Justicia española que ya han sufrido un enorme desprestigio en la Unión Europea desde que el Gobierno anuncio la reforma del delito de sedición Código Penal y ahora los indultos como lo demuestra la reciente resolución del Consejo de Europa (que el Gobierno ha consentido sin movilizarse en su contra) en la que se critica la sentencia del Supremo y se pide que los tribunales europeos no le concedan a España la extradición de Puigdemont.
La condicionalidad de los indultos

Los indultos aprobados este martes fijan un periodo de seguridad de entre tres y seis años que condiciona el perdón obtenido por los nueve condenados por el 'procés' a que no vuelvan a cometer delitos graves. El periodo más alto, de seis años, se impone al exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsejeros Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Turull; seguidos de los líderes sociales Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, quienes no podrán volver a reincidir en cinco años.

Tras estos periodos están los que se imponen al exconsejero Raül Romeva y la expresidenta el Parlament Carmen Forcadell, que se establece en 4 años, mientras que en el caso de Dolors Bassa ese periodo se fija en 3 años, el más bajo

La diferencia de los periodos de seguridad aplicados a cada preso respondería a "una individualización" de los perdones concedidos y a que no todos los condenados tienen el mismo comportamiento, pues algunos han exteriorizado su persistencia en la vía unilateral, así como la participación activa en el debate político. De este modo, el Ejecutivo justifica así que ha estudiado cada caso de forma individual.

Las inhabilitaciones de cargo público que se impusieron a los condenados no se verán afectadas por estos indultos, de tal manera que los líderes perdonados no podrán optar a ocupar cargos públicos hasta la fecha en la que hubieran distinguido su condena de no haber sido indultados.