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Más de 200 beneficiados ya por la ley del 'solo sí es sí' ante la inacción del Gobierno

Sánchez sigue sin dar un golpe en la mesa para enmendar este esperpento mientras desde Podemos e Igualdad se carga contra todo aquel que señale los agujeros legales de la norma.

"No va a ocurrir". Con estas palabras el Ministerio de Igualdad negó una y otra vez que la ley del 'solo sí es sí' fuera a otorgar algún tipo de beneficio a los delincuentes sexuales. Más 100 días después de su entrada en vigor el panorama el desolador: más de 200 agresores sexuales, 202 concretamente, han visto su pena de cárcel rebajada, 18 de los cuales han sido excarcelados, gracias a la norma 'estrella' de la ministra Irene Montero.

Una escandalosa cifra que no hace más que crecer cada día ante la inacción de un Gobierno que pese a las críticas, incluso dentro de las propias filas socialistas, sigue manteniendo imperturbable su postura de que la ley no se enmienda. Todo un esperpento jurídico cuyo responsable, en última instancia, es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien de momento no interviene o no se atreve a dar un golpe en la mesa a una norma salida de un ministerio en manos de su socio Unidas Podemos.

"No corregir la ley del 'solo sí es sí' responde a un actitud de soberbia infantil". Con estas palabras alguien tan poco sospechoso como la exjueza y exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, lamentó este miércoles en una entrevista a El País que una norma tan importante para la seguridad de las mujeres fuera hecha con "poca inteligencia" al producir el efecto contrario al espíritu con el que nació tras la indeseada oleada de rebajas de penas. Una crítica que molestó especialmente en las filas moradas, donde, una vez más, se cargó contra el mensajero en lugar de hacer algún tipo de autocrítica. Raudamente, su secretaria general, Ione Belarra, salió para atacar a todo aquel que ose criticar los agujeros legales de la ley. "Nunca me habría esperado de una persona como Manuela Carmena que estuviera en contra de la ley", lamentó la también ministra de Derechos Sociales. Más duro se mostró este jueves contra la exjueza su predecesor en el cargo, aunque líder en la sombra de Podemos, Pablo Iglesias:  "Si la cloaca más repugnante te aplaude, quizá la soberbia es tuya".

Como decía un viejo proverbio chino cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. Y ese es el error en el que ha persistido Unidas Podemos desde la primera rebaja de pena a un agresor sexual, matar al mensajero y mirar al dedo que señala en lugar de analizar el mensaje o ver qué es lo que se estaba señalando. Ante cualquier mínima crítica al hecho de que violadores, pederastas y otros agresores sexuales se hayan visto beneficiados penalmente por una reforma emanada de un ministerio tan emblemático como el de Igualdad, la única respuesta ha sido el insulto y/o echar la culpa a los demás.

"La culpa es de los jueces machistas", comenzaron diciendo desde el partido morado e Igualdad para después acusar de 'atacar al feminismo' a todo aquel que cuestionara lo que estaba pasando en los juzgados.  Cero autocrítica y cero asunción de responsabilidades políticas y, ni mucho menos, una petición de disculpa a las víctimas de estos delincuentes beneficiados por su norma. Eso sí esta semana  Igualdad ha ofrecido a la Justicia la posibilidad de poner pulseras telemáticas a los agresores sexuales que gracias a su ley han visto como de la noche a la mañana se ordenaba su excarcelación. Curiosamente una medida cuya aplicación dependerá de los jueces, esos mismos 'jueces machistas', que a su juicio, les han liberado.

Vergonzoso fue también el episodio de las risas de la 'número dos' de Montero, la secretaria de Estado de Igualdad Ángela Rodríguez 'Pam', quien el pasado 11 de enero en un foro organizado por Podemos ironizó sobre la salida de agresores sexuales de prisión. "De los creadores de: las personas van a ir al registro a cambiarse de sexo todas las mañanas llega... ¡los violadores a la calle!", señaló en unas declaraciones, según ella sacadas de contexto, y por la que tuvo que pedir perdón públicamente días después.

Y todo esto ante el silencio cómplice de Pedro Sánchez, quien parece que lo que hagan o digan los ministerios de su socio le es indiferente, como si no fueran parte de su Gobierno. Más de tres meses después y con 200 agresores beneficiados, el jefe del Ejecutivo sigue sin intervenir para detener en seco esta cascada de revisiones de condenas. Ni siquiera pese al malestar en las filas de su partido y de su Gobierno, como se contó en las páginas de republica.com este miércoles, y las críticas de dirigentes autonómicos como Emiliano García-Page o exdirigentes socialistas como Elena Valenciano. Tampoco ha hecho virar su rumbo que haya unas elecciones autonómicas y municipales clave a la vuelta de la esquina y el evidente desgaste electoral en las urnas, que, junto a la reforma de la sedición y la malversación, puede acarrear la reducción de penas a unos delincuentes tan indeseables como son los violadores y pederastas.
Más de 200 agresores beneficiados

Aunque el Gobierno confiaba en que el Tribunal Supremo (TS) unificara doctrina, eso no ha ocurrido. El Alto Tribunal ha rebajado ya seis penas. En el caso más mediático, el del 'caso Arandina',  el Supremo condenó a 9 años de cárcel a los dos exjugadores condenados, lo que supuso elevar sus penas, desde los 4 y 3 años que había fijado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), porque eliminó una atenuante, estimando así el recurso de Fiscalía, aunque no íntegramente porque el Ministerio Público pedía 10 años de condena y el TS lo ha dejado en un año menos por la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. De hecho, el alto tribunal estableció que con la aplicación de la 'ley del solo sí es sí' se podrá rebajar la pena a los condenados por delitos sexuales, si bien insistió en la necesidad de analizar "caso por caso".

Así las cosas, la cifra de agresores sexuales que se han beneficiado de las revisiones a la baja de sus condenas asciende ya a al menos 202, 18 de los cuales han sido ya excarcelados.

En más de tres meses se han revisado ya a la baja sentencias en 17 comunidades: 35 rebajas en País Vasco, 21 en Galicia, 20 en Madrid, 20 en Andalucía, 18 en Baleares, 16 en Castilla y León, 15 en la Comunidad Valenciana, 12 en Canarias, 12 en Asturias, 8 en Extremadura, 7 en Cantabria, 6 en el Tribunal Supremo, 5 en Cataluña, 2 en Murcia, 2 en La Rioja, 1 en Castilla-La Mancha, 1 en Navarra y 1 en Aragón.

De estos 202 casos, 18 han conllevado la excarcelación de condenados: 6 de Madrid, 2 de Baleares, 2 de Galicia, 2 en la Comunidad Valenciana, 2 de Cantabria, 1 en Extremadura, 1 en Castilla y León, 1 en Asturias y 1 en País Vasco --por orden del Tribunal Supremo--.

En todos ellos, los tribunales coinciden en sus resoluciones en que lo único que han hecho, con la entrada en vigor de la ley del sólo sí es sí, es cumplir con el Código Penal que establece en su artículo 2.2 que una modificación legal como esta solo se puede interpretar de forma retroactiva si beneficia a un condenado, nunca si le perjudica. Es decir que una condena puede ser revisada solo a la baja con una ley que haya entrado en vigor después de ser condenado. Algo que siempre negó Igualdad que fuera a suceder y que tras las primeras revisiones insistió en que nadie le avisó, pese a varios informes que así lo advertían y que fueron ocultados al Congreso durante su tramitación parlamentaria.
El agujero legal de la norma

Nacida al calor de la ola de manifestaciones feministas tras la polémica sentencia de la Manada, que consideró la violación de una joven un abuso sexual y no una agresión -una resolución que después modificó el Tribunal Supremo-, la nueva norma situó como eje la necesidad de regular el consentimiento expreso en las relaciones sexuales.

Cuando la ley del 'solo sí es sí' entró en vigor el pasado 7 de octubre dos conceptos se fundieron en uno solo. Lo que antes eran agresiones y abusos sexuales, ahora se engloban en agresiones sexuales. Sin embargo, la nueva ley rebaja las penas mínimas y en algún caso las máximas. La horquilla por violación es de 4 a 12 años, antes del 'sí es sí' era de 6 a 12. Si no hay acceso carnal en la agresión, la horquilla es ahora de 1 a 4 años, cuando antes de la reforma era de 1 a 5 años. Si la víctima es menor, ahora la pena es de 6 a 12 años, cuando antes era de 8 a 12. Lagunas que ahora están aprovechando los abogados de los delincuentes sexuales para rebajar las condenas de sus clientes.

El CGPJ ya lo avisó antes de aprobarse la norma, en su informe preceptivo no vinculante sobre la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual. En concreto señaló que "el cuadro penológico contemplado" para los delitos de agresiones sexuales "suponía una reducción del límite máximo de algunas penas" y avisó además de que "la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas conforme a la legislación vigente".

Un informe que el Consejo de ministros de PSOE y Unidas Podemos ignoró por completo y al que además respondió la propia Montero, escudándose como ahora en el feminismo, descalificó por "desoír" el Convenio de Estambul y el "grito de millones de mujeres". Pero el informe del CGPJ no fue el único. Según ABC hubo hasta otros cuatro informes - del Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Consejo Económico y Social y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)- que pusieron trabas a la nueva regulación de los delitos sexuales. Todos ellos fueron desoídos por completo.

Pero es que además, según El Debate, hubo otros 17 análisis emitidos por diferentes entes e instituciones concernidas por la materia objeto de regulación y que, por lo tanto, decidieron manifestar su opinión durante la tramitación del texto, antes de su aprobación.

Ninguno de estos informes fueron incluidos en la memoria que el Ministerio de Igualdad está obligado, por la Ley reguladora de la actividad del Gobierno, a adjuntar a todos y cada uno de los diputados en el apartado de los antecedentes que justifican todo cambio normativo. Por ello, el ABC denunció que el Gobierno ocultó al Congreso documentación clave para aprobar la ley del 'solo sí es sí', usando la misma trampa que con la 'ley trans', para que los diputados no conocieran el grueso de las objeciones.

Tampoco se le ocurrió a Igualdad, pese a todas estas advertencias, incluir una disposición transitoria en la ley, como si existen en otras reformas penales, para haber acotado los casos susceptibles de revisión de la pena. Algo que la delegada contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, defendió que era "innecesario" porque "lo que se debe hacer es comparar la norma vigente con la anterior y con las circunstancias, leyéndose los hechos probados y el Código Penal completo, decidir, no leyendo solo un artículo y no caer en automatismos".