Zona Satelite!!

El Govern crea un fondo de 10 millones para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas había advertido a la Generalitat que avalar a los embargados del 'procés' sería "un fraude de ley"

El Govern ha abierto un nuevo frente político al crear un fondo con dotación inicial de 10 millones de euros  para ayudar a los ex altos cargos de la Generalitat a quienes el Tribunal de Cuentas pide fianzas por valor de 5,4 millones por haber promocionado el referéndum ilegal del 1-O en el extranjero usando, supuestamente, dinero público, mecanismo que el Gobierno ha avisado que "revisará", y que PP, Cs y Vox recurrirán.

Los servicios jurídicos de la administración catalana estudiaban desde hace días cómo auxiliar a los 34 ex altos cargos de la Generalitat a quienes el mencionado tribunal administrativo reclama que liquiden antes del 21 de julio fianzas por un valor total de 5,4 millones, mientras sigue la investigación que pretende discernir si malversaron dinero público para promover el procés en el extranjero.

La respuesta ha llegado este martes con la creación, mediante decreto ley, del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña (FCRCAT), que tendrá una dotación inicial de 10 millones de euros, y al que se podrá acoger cualquier funcionario al que se pidan responsabilidades legales por actividades relacionadas con el desempeño de su cargo, siempre que cumplan ciertos requisitos. "No es un aval directo", ha asegurado en rueda de prensa el conseller de Economía, Jaume Giró.

El conseller ha defendido la "solidez jurídica" de este mecanismo y ha descartado que se pueda acusar a la Generalitat de malversación por auxiliar a los 34 dirigentes del "procés" a quienes el tribunal administrativo reclama fianzas por un importe total de 5,4 millones de euros porque en ningún momento habrá "desplazamiento patrimonial".

El funcionamiento, ha desgranado, se asemejará al de un seguro privado y será una entidad financiera -aún por concretar, el Govern está conversando con varias- quien avale las mencionadas fianzas, con un contraaval de la Generalitat.

El dinero no se transferirá hasta que haya una sentencia firme que lo exija y se hayan agotado todas las vías de recurso "nacionales e internacionales"; llegado ese punto, "el beneficiario deberá devolver el dinero, los intereses y las costas a la administración".
"Hay muchas cajitas"

A preguntas de los periodistas, Giró ha aclarado que los diez millones disponibles para el contraaval saldrán de los presupuestos de la Generalitat, aunque no ha especificado de qué partida en concreto: "Lo estamos viendo" (...) "Hay muchas cajitas", ha dicho en alusión a las diferentes partidas presupuestarias.

Hasta que la Generalitat encuentre a una entidad financiera, el Institut Català de Finances asumirá la comisión gestora del fondo, pero Giró ha remarcado que este únicamente actuará como comisión gestora del fondo, pero no gestionará el aval, sino que este rol corresponderá a una entidad financiera.

La consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, ha reivindicado la puesta en marcha de este fondo en cumplimiento del "principio de indemnidad", por el cual las administraciones deben "defender a los servidores públicos" inmersos en causas judiciales por cuestiones relacionadas con el desempeño de su trabajo hasta que haya sentencia firme. "Es lo que hace cualquier administración pública del mundo", ha apostillado Giró.

Según avanzaba El Mundo, el Tribunal de Cuentas ya ha advertido de que el plan constituye "un fraude de ley" y puede ser rechazado como fianza.
Apoyo de la CUP y recursos de PP, Cs y Vox

La medida del Govern cuenta con el apoyo de la CUP, según ha confirmado la diputada en el Parlament Laia Estrada, afirmando que a la formación anticapitalista le parece "bien" "cualquier fórmula que se use para garantizar que la Generalitat avala" a los ex altos cargos a los que el Tribunal de Cuentas les reclama fianzas millonarias por el 1-O. Estrada ha advertido, no obstante, de que el Govern tiene que evitar "que se produzcan situaciones en las que haya represaliados de primera y de segunda".

Esa suerte de responsabilidad subsidiaria de la Generalitat en base al "principio de indemnidad" del funcionario público que estarían estudiando desde el Govern -según la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà- cumpliría la misión de evitar el embargo de bienes a los encausados, algo que para Cs "significa incurrir posiblemente en delitos de encubrimiento y prevaricación punible". "Esas personas deberían asumir sus fianzas a título individual", ha defendido Martín Blanco, quien ha añadido que es "inadmisible" que los ciudadanos catalanes "tengan que pagar los excesos de los separatistas".

El Gobierno de Sánchez ha anunciado que revisará la legalidad del fondo mientras PP, Cs y Vox han anunciado que recurrirán al considerarlo un 'fraude de ley', alineándose con lo planteado este martes por el propio Tribunal de Cuentas.

La ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que aunque no conoce exactamente la norma aprobada por la Generalitat "evidentemente el Gobierno de España vela por la legalidad existente". "Todas las normas son pasadas por ese filtro de la legalidad y una vez visto y estudiado el texto haremos llegar la consideración oportuna", ha puntualizado Montero. Un mensaje que ha repetido horas después desde Estonia, donde se encuentra de visita oficial, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha asegurado que están estudiando la creación de este fondo y ha garantizado que si no se ajusta a derecho, se recurrirá.

En este sentido el líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado que recurrirán este fondo y además denunciarán a la Generalitat por prevaricación y malversación.

"Los miembros de la mafia separatista, ahora en el gobierno, acuden al rescate de los condenados por malversación. De prosperar, incurrirán en el mismo delito y los sentaremos en el banquillo", ha afirmado el líder de Vox en la cámara catalana, Ignacio Garriga. "Cataluña no es del separatismo", ha apostillado el diputado de Vox.

También el portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlament, Nacho Martín Blanco, ha advertido en rueda de prensa que "denunciarán políticamente" y "pondrán en conocimiento de la Justicia en su caso" ese "aval" que, de llevarse a cabo, sería un "robo" y una "doble imposición" para los contribuyentes catalanes. "Esas personas deberían asumir sus fianzas a título individual", ha defendido Martín Blanco, quien ha añadido que es "inadmisible" que los ciudadanos catalanes "tengan que pagar los excesos de los separatistas".
Los comunes piden una "base jurídica real"

Por su parte, el portavoz de los comunes en el Parlament, David Cid, ha defendido este martes que la decisión del Govern ante las fianzas requeridas por el Tribunal de Cuentas a excargos de la Generalitat tengan una "base jurídica real, para no hacer que el remedio sea peor que la enfermedad".

Cid ha pedido que la decisión esté "sustentada jurídicamente y que no acabe siendo una solución basada en propuestas sin posibilidad de prosperar", y que no esté vinculada a eventuales discusiones entre ERC y Junts, ha dicho en rueda de prensa en el Parlament.

Ha destacado que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso y dirigente de los comuns, Jaume Asens, ha apostado por modificar el sistema de elección del Tribunal de Cuentas para resolver el asunto de forma estructural, porque cree que "el PP lo ha convertido en su cortijo particular y un instrumento al servicio de su estrategia política".