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El Supremo avala por unanimidad exhumar a Franco y enterrarlo en El Pardo como planteó el Gobierno

El Tribunal Supremo ha avalado por unanimidad coincidiendo con la precampaña para el 10-N el plan del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Franco para reinhumarlos en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio en contra del deseo de la familia de hacerlo en la cripta de la Catedral de la Almudena. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha desestimado en su totalidad el recurso de los nietos del dictador contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de marzo que fijaba para el 10 de junio la exhumación. El contenido de la sentencia se dará a conocer en los próximos días y el Gobierno ya ha avanzado que sacará los restos del Valle de los Caídos "lo antes posible".

La decisión ha sido tomada por seis magistrados de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo: Jorge Rodríguez Zapata, que es el presidente, Celsa Pico, José Luis Requero, Pilar Teso, Segundo Sanz y Pablo Lucas. Este último ha sido el ponente.

Aunque no se conoce la integridad de la sentencia, parece que el criterio predominante para respaldar la tesis del Ejecutivo ha sido la del 'interés general' por encima de los 'intereses particulares' que en este caso encarnarían los nietos del dictador. Pero además de la exhumación en sí, el tema más espinoso de la deliberación era la elección del nuevo lugar de enterramiento del dictador, que es el punto que revestía mayor complejidad jurídica, y de hecho su resolución había dividido al tribunal durante las deliberaciones que se han realizado en los últimos días. El escollo tenía que ver con la posible vulneración del derecho de los familiares a elegir el lugar en el que deben reposar los restos de Franco, para los que esta parte ofreció la cripta de la Catedral de la Almudena. Desde el Gobierno se rechazó dicha posibilidad, si bien fuentes jurídicas habían apuntado la dificultad de justificar que una familia no tenga el control último sobre el lugar en el que deben reposar definitivamente los restos de un familiar.

El caso es que el Supremo no hace sino aplicar la Ley de la Memoria Histórica que fue aprobada por el Congreso en 2007 con el apoyo de todos los grupos salvo el PP. A la oposición de los populares se sumó también ERC aunque por motivos muy distintos, en concreto por considerar que la norma no termina con el "sistema español de impunidad" instaurado durante la Transición. Cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018, una de sus primeras promesas fue proceder a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. El decreto que su Gobierno llevó al Congreso para materializar ese compromiso fue convalidado en septiembre de ese mismo año con 176 votos a favor de los grupos del PSOE, Podemos, ERC, PNV, PDeCAT y Bildu. Hubo 165 abstenciones procedentes de las bancadas de PP y Ciudadanos y dos votos en contra que, según fuentes populares, se produjeron "por error".

Desde entonces, ha habido que recorrer un proceso en el que no han faltado los viajes al Vaticano de la vicepresidenta, Carmen Calvo, para garantizar que la Iglesias católica no respaldaría al abad del Valle de los Caídos, el exfalangista Santiago Canera, que ha pretendido resistirse de todas las maneras a su alcance a la determinación del Parlamento y del Gobierno. El antepenúltimo capítulo de este proceso se produjo cuando el Supremo paralizó la exhumación acordada por el Ejecutivo para el pasado 10 de junio y lo justificó en la necesidad de evitar el perjuicio que, de otro modo, se causaría a los recurrentes -la familia Franco y otros tres colectivos- y, especialmente, a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, "los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan". En este asunto están personados, además de la familia Franco, La Fundación Francisco Franco, la comunidad Benedictina en Cuelgamuros y la Asociación de Defensa del Valle de los Caídos, si bien estos recursos se resolverán más adelante, y no serán objeto de la deliberación de este martes.

Ante la negativa de la familia de renunciar a enterrar a Franco en la sepultura que poseen a perpetuidad en la cripta de La Almudena, un lugar que el Gobierno considera inadecuado por su situación tan céntrica y su interés turístico, el Ejecutivo aprobó posteriormente, el 15 de marzo, otro acuerdo por el que decidía reinhumar los restos del dictador en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio y fijaba para el 10 de junio la fecha de los trabajos de inhumación. En sus alegaciones sobre el fondo, la familia Franco calificaba de "precipitada" la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez y denunciaba que encajaba en una voluntad "electoralista" sin justificación. Por su parte, la Abogacía del Estado señalaba que todas las decisiones del Ejecutivo encajan en la legalidad y no vulneran derechos de la familia del dictador, además de aportar un informe de la Delegación del Gobierno en el que se alertaba los riesgos que supondría para la seguridad el emplazamiento de la sepultura del dictador en la catedral de Madrid, es decir, en pleno centro de la capital.

La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha reiterado en La Sexta el argumento en el que el Gobierno basa su oposición a que Franco descanse en la Almudena. Si eso fuera así, ha dicho, "el objetivo de la Ley de Memoria Histórica no se cumpliría", puesto que estaría en un lugar de enaltecimiento y no enterrado con discreción y respeto, como merece cualquier persona, pero sin honores ni distinciones. Calvo ha contado que nada más conocer la noticia ha llamado al presidente, Pedro Sánchez, que se encuentra en Nueva York desde el domingo y que ha reaccionado con satisfacción. Y así lo ha expresado en su cuenta de Twitter.

El fallo del Supremo que se ha conocido este martes debería disipar todas las dudas en torno a este asunto, aunque ha sido inevitable que las fuerzas de la oposición hayan destacado la coincidencia con la precampaña electoral para el 10-N. El Gobierno, no obstante, ha recordado que le hubiera gustado que el desenlace se produjera mucho antes y ha avanzado que su intención es que la exhumación se produzca antes de que comience oficialmente la campaña, el próximo 1 de noviembre.

El juez de ideología ultra Yusti Basterreche, otro escollo en el camino

Ahora, la exhumación del dictador tiene que superar otro obstáculo ya que el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Madrid, José Yusty Basterreche, suspendió provisionalmente la licencia de obras del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para levantar la losa de de la tumba de Francisco Franco en el basílica de Cuelgamuros. Yusty, que es hijo del almirante de la Armada José Yusty Pita (comandante de la Base Naval de Canarias durante el franquismo, y almirante del buque escuela Juan Sebastián Elcano), atendió en febrero la medida cautelarísima que solicitaba un particular en una demanda contra el informe municipal del Ayuntamiento por considerar que levantar la losa de 2.000 kilos de peso puede poner en peligro a los operarios.

La Abogacía del Estado trató de recusar sin éxito a este juez por publicar un artículo en 2007 en el que tachaba de "estrafalaria" la Ley de Memoria Histórica y hacía las siguientes consideraciones sobre la norma: "Representa el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la guerra civil en estado puro sin mezcla de grandeza frente a los que la ganaron". Ahora, la Abogacía del Estado trata de frenar sus intentos de paralizar la exhumación mediante la presentación de un informe pericial que defiende que las obras de la exhumación de los restos de Francisco Franco no afectarán a la estructura del Valle de los Caídos.

En principio, la posición del Supremo no condiciona el devenir del caso del juez Yusty quien, por el momento, no ha fijado vista de la medidas cautelares, cuyo fallo sí que es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Todo ello sin contar con que el abogado de la familia ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional por el veto a enterrar a Franco en La Almudena, si bien esto no implica retrasar la ejecución de la sentencia del Supremo. Y si el tribunal de garantías avala al Supremo, su última vía será acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Durante la deliberación de los magistrados más de 100 organizaciones de la Memoria Histórica han convocado a las mismas puertas del alto tribunal, bajo el lema #NiValleNiAlmudena, mientras que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha emitido un comunicado en el que advierte que procederá contra el Estado si los restos del dictador continúan en suelo público, ya sea éste el Valle de los Caídos o en Mingorrubio.

El caso es gastar dinero del contribuyente que daño hará franco muerto la memoria histórica me parece que solo mira para un lado y debería aplicarse en ambos que las dos partes tienen sus muertos y sus vergüenzas.