El abogado de Junqueras y Romeva afirma que ‘estamos ante un juicio excepcional’

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El abogado de Junqueras y Romeva afirma que 'estamos ante un juicio excepcional' y 'político'

El juicio más importante de las últimas décadas, el que sienta en el banquillo de los acusados a los líderes del 'procés' independentista catalán, ha arrancado este martes con las cuestiones previas planteadas por las defensas. Esas cuestiones previas son las que atañen a la competencia para juzgar la causa del propio tribunal, en este caso el Supremo, y al fono mismo de la cuestión al tratar de delimitar qué se está juzgando: actos de violencia contra el Estado, como sostienen las acusaciones, o el legítimo derecho a la disidencia y a la protesta, como argumentan las defensas. Esa disquisición ha centrado buena parte de la intervención del abogado de Oriol Junqueras, exvicepresidente del Govern, y Raül Romeva, exconsejero de Exteriores. "Vamos a defender valores y derechos humanos", ha proclamado Andreu Van den Eynde, anticipando así lo que será el hilo argumental de su defensa con el que, en última instancia, pretende llegar hasta los tribunales europeos.

Los abogados de los acusados quieren demostrar que se está juzgando el ejercicio de derechos fundamentales en el marco de un proceso político en el que todo está predeterminado, incluida la sentencia. "Nos encontramos ante un juicio excepcional porque se han producido excepciones que afectan al núcleo duro de los derechos fundamentales", ha asegurado Van den Eynde, quien ha esgrimido que "se ha violado el derecho a la libertad de expresión". El abogado ha hecho especial hincapié en el supuesto trasfondo político de la acción de la justicia contra el 'procés', para lo que ha recordado que "la arena política es un ámbito libre. La libertad de expresión protege incluso esas ideas que chocan u ofenden". En este contexto, ha subrayado que "existe el derecho a la protesta. Protestamos porque estamos políticamente excluidos de algunas decisiones (...). Esta causa atenta contra el derecho a protestar". En concreto, el letrado ha detallado que "la causa atenta contra los derechos de libertad ideológica, de expresión, de protesta, de reunión y de manifestación".

Como era previsible, Van den Eynde ha apelado al 'caso Demirtas' para sustentar jurídicamente toda su argumentación. Se trata de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que se conoció en noviembre de 2018 y por la que se pidió a Turquía que tomara las medidas necesaria para acabar con la prisión provisional del expresidente del partido de oposición prokurdo HDP Selahattin Demirtas, encarcelado desde hace más de dos años. La prolongación del encarcelamiento de Demirtas "persigue un objetivo predominante no reconocido, el de asfixiar el pluralismo y limitar el libre juego del debate político", aseguró en su fallo la Corte europea. Según el Tribunal de Estrasburgo, con la actitud de Turquía, "es el sistema democrático en sí el que se pone en peligro y no sólo los derechos y libertades" de Demirtas, privado de libertad desde el 4 de noviembre de 2016.

Uno de los momentos más duros de la exposición de Van den Eynde se ha producido cuando ha lamentado que a los acusados se les esté tratando peor que a terroristas con estas palabras: "La construcción simbólica de estos señores como asimilados a los terroristas sin derechos políticos, sin poder salir (...) es algo que debería valorar el tribunal". El reproche venía a cuento de la suspensión de los acusados para ejercer sus derechos como diputados del Parlament catalán: "Se ha hecho una suspensión de funciones, indebida y contraria a la ley, a los cargos políticos. Y se les ha estigmatizado". Una de las vías que las defensas pretenden utilizar ante la justicia europea cuando llegue ese momento es, precisamente, la persecución penal de determinadas actuaciones parlamentarias, pese a haber sido suspendidas por el Tribunal Constitucional. "La causa no puede impedir que se debata y se delibere sobre la independencia en un parlamento", ha asegurado Van den Eynde, para quien "nadie en Europa entiende la severidad que se ha aplicado".

El letrado ha denunciado que en la causa se aprovechó la imputación de buena parte del antiguo Govern y su ingreso en prisión para impedir el ejercicio de los derechos políticos con la prohibición de participar en la última campaña electoral en Cataluña. Asimismo ha mencionado el intento fallido de investidura de uno de los acusados, Jordi Turull, que fue candidato a la presidencia de la Generalitat e ingresó en prisión tras su procesamiento por orden del juez instructor de la causa, Pablo Llarena, un día antes de someterse al segundo debate de investidura en el Parlament. Más adelante, cuando fueron procesados en firme por rebelión, llegó la suspensión como diputados del expresident Carles Puigdemont, de Oriol Junqueras y de otros cinco exconsellers. Según el letrado, esta suspensión perseguía estigmatizarles. "¿Quiénes son los únicos a los que se les puede suspender de funciones cuando están procesados? A los terroristas. El uso de las palabras es intencionado", ha criticado.

El abogado ha seguido enumerando: "Se les compara con golpistas, con nazis..." y ha lamentado la vulneración de la presunción de inocencia a través del proceso de criminalización que se ha desarrollado en la calle y en los medios. Ha mencionado como ejemplo de dicha vulneración el autobús fletado por Ciudadanos en contra de los indultos, dando por sentado que los acusados serán condenados.

Muy distinta a la de Van den Eynde ha sido la intervención de Xavier Melero, abogado de Joaquim Forn, que ha pedido que la causa contra su representado se acumule al que se ha instruido en la Audiencia Nacional contra mandos de los Mossos d'Escuadra por su actuación en el 1-O. Melero considera que estamos ante un juicio "penal", en el que por una parte de juzga a "unos autores materiales del levantamiento insurreccional" y,  por otro lado, a unos cooperadores necesarios a quienes se les atribuye que no hicieron lo que debían hacer". En este último supuesto se encuadraría su defendido, el exconsejero de Interior, contra quien la principal acusación sería, según él, la de su connivencia con el poder político mediante la conexión imprescindible de quien entonces formaba parte del Govern.

Por otra parte, el abogado de Forn denuncia en este trámite que respecto a su cliente se han producido vulneración del derecho con todas las garantías y tutela judicial efectiva. "No podemos estar de acuerdo con la aplicación de la rebelión a este caso concreto", ha afirmado, para añadir que las acusaciones contra el exconsejero de Forn se fundamental tan sólo en atestados policiales que únicamente pueden valorarse como tales. En su escrito de acusación, la Fiscalía asegura que Forn impulsó un operativo policial para que el 1-O saliese adelante, pese al mandato judicial de que se impidiese. Al igual que Junqueras, indica que Forn participó en la Junta de Seguridad de Cataluña, donde ambos fueron advertidos de posibles alternados violentos durante el referéndum. Melero también ha insistido en la necesidad de que se cite como testigo al que fuera ministro del Interior en el momento de producirse los hechos enjuiciados, que fue Juan Ignacio Zoido.

Por primera vez desde que ingresaron en prisión entre octubre y noviembre de 2017, se ha podido ver juntos a todos los líderes del 'procés' que participaron en los acontecimientos que ese año condujeron a la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Hasta ahora solo se les había visto otra vez en una imagen de los presos varones que se distribuyó a principios de diciembre desde la prisión de Lledoners, donde han permanecido hasta su traslado a Madrid para ser juzgados.

Al frente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo se sitúa su presidente, Manuel Marchena, que será además el ponente de la sentencia. Completan la Sala Antonio del Moral, Ana Ferrer, Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Andrés Palomo. Los fiscales adscritos al caso son Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, que previsiblemente se turnarán en la sala de vistas de dos en dos. Mañana asistirán Zaragoza y Moreno. Como representante de los servicios jurídicos del Estado se estrenará en este juicio la nueva jefa de lo Penal de este cuerpo, Rosa María Seoane, asistida por Elena Sáenz Guillén; mientras que por Vox, que ejerce la acusación popular, estarán el secretario de Organización Javier Ortega Smith y Pedro Fernández. Frente a ellos, hasta 17 abogados organizados en hasta ocho equipos diferentes de defensa.

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